Después de muchos debates en las Cortes de Castilla y León sobre las irregularidades en la explotación de la mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), la obra no cuenta con la autorización del ministerio desde el pasado día 18 de enero de 2017.

“La gravedad de esta constatación” afirma el procurador de IU-Equo, José Sarrión “es que, a pesar de las protestas de los colectivos, como STOP URANIO, y las preguntas e iniciativas que nuestro grupo ha llevado a estas Cortes, la Junta de Castilla y León ha hecho caso omiso y ha permitido a la empresa que siguiera con la ejecución del proyecto de la mina”.

De hecho, el pasado mes de febrero tuvo lugar una tala de encinas centenarias, a pesar de que las fiscalías de Salamanca y de Medio ambiente tienen abierta una investigación por acometer obras sin permiso y por daños a zonas con protección medioambiental de la Red Natura 2000.

“La responsabilidad de la Junta y del partido que la sustenta, el Partido Popular,” sigue denunciando Sarrión “resulta muy clara a la luz de dos hechos cuanto menos sospechosos relacionados con la mina. El primero es que la empresa Berkeley tiene contratado a Manuel Lamela, un ex alto cargo del exministro de agricultura, Arias Cañete, actual eurodiputado por el Partido Popular y que es el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía. Por otro lado está el actual alcalde de Retortillo, el también militante del PP Javier Santamaría, que vendió a la empresa Berkeley terrenos de su propiedad por el doble del precio del mercado”.

Es imposible que la Junta no estuviese al tanto de todas estas irregularidades. Además de las advertencias llegadas a través de este grupo y por actuaciones de las plataformas contrarias a la explotación de la mina, están las iniciativas que en forma de pregunta directa en el pleno de las Cortes que este IU-Equo le hizo al Gobierno de la Junta y cuyas respuestas fueron negar la mayor e inhibirse del problema. Ahora estalla y tendrán que asumir la responsabilidad por su negligencia.