Por un nuevo modelo productivo para Castilla y León

Hablar del futuro de Castilla y León está ligado de manera indisoluble con tratar los problemas de despoblación y envejecimiento de esta comunidad. Problemas para cuya resolución el Gobierno de la Junta de Castilla y León lleva años demostrando una incapacidad crónica. Nuestra Comunidad, ya en el pasado tierra de emigrantes a los centros industriales de Madrid, Euskadi o Cataluña, es hoy emisora de jóvenes trabajadores que se marchan a poner copas, descargar maletas o limpiar váteres a Alemania, Reino Unido y demás países del centro y norte de Europa. Quizá el apogeo del esperpento en las políticas contra la despoblación en Castilla y León llegó el día en que la Junta habilitó una línea de ayudas para pagarle el billete de vuelta a jóvenes emigrados, las cuales solicitó tan poca gente que este año han decidido reducirlas. Y no las pidió casi nadie porque, como cualquier ciudadano sabe excepto al parecer nuestro ímprobos dirigentes, los jóvenes que están en Alemania no permanecen en su exilio laboral porque no les alcance para el billete, sino debido a la ausencia de empleo en nuestra Comunidad.

Por tanto, hablemos claro: la primera prioridad de cualquier política de futuro en Castilla y León debe ser la creación de empleo indefinido y con derechos en la Comunidad, lo cual sólo es posible desde una transformación radical de nuestro modelo productivo y social. Transformación que, por cierto, también ha comenzado a apuntar el Consejo Económico y Social de la Comunidad, ante el silencio del Gobierno Herrera.

Existen en la actualidad dos formas de entender la salida a la crisis. Una primera noción, de corte neoliberal, supone que la única forma de incentivar la creación de empleo es a través de la reducción de derechos laborales y los salarios, atrayendo así a capital extranjero. Esta vía produce una creación de empleo fuertemente precarizado y desalarizado, que a su vez impacta negativamente sobre la demanda interna, cayendo en la trampa mortal que es el estancamiento de la economía real. Este proceso se ve reforzado por el modo de inserción periférica que España y Castilla y León han mantenido en la Unión Europea durante los últimos años, caracterizado por la sustitución del sector industrial por los servicios y el inmobiliario. La trampa está clara: seguir con un modelo productivo basado en sectores con altos niveles de precariedad laboral y bajos salarios, dirigido por un empresariado apenas innovador. Con esas políticas, las causas de la despoblación se mantienen.

Una segunda noción de salida a la crisis, la que defiende el firmante de este artículo, consiste en apostar por el desarrollo de los sectores endógenos con mayor potencial en Castilla y León mediante la inversión pública en I+D, que permita combinar la creación de trabajo cualificado junto a un modelo social basado en derechos, así como un modelo territorial dirigido a fijar población en el medio rural. La función de la Junta de Castilla y León debe ser dirigir este proceso de transformación del modelo productivo al corto y al medio plazo. Al corto plazo, a través de la intervención decidida en el marcado de trabajo mediante cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública que obliguen a las empresas que vivan de la Administración a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, y creando de manera indirecta empleo en el sector medioambiental. No olvidemos, en este aspecto, que el ente público es el que mayor capacidad de contratación tiene en nuestra Comunidad. Al medio y largo plazo, la tarea consiste en preparar el terreno, conjuntamente con nuestras cuatro Universidades públicas, para un nuevo modelo productivo mediante la investigación y la empresa pública en alianza con un tejido económico de nuevo tipo basado en el cooperativismo y la economía social. Dichos sectores deben determinarse en función de las capacidades endógenas de la Comunidad, conjuntamente con las cuatro Universidades públicas de Castilla y León. Adelantemos brevemente tres de ellos: la agricultura ecológica, el aprovechamiento de montes y la enseñanza del español. La agricultura ecológica es uno de los sectores cuya demanda más crece en el país, entre otros en núcleos de población como Madrid que son incapaces por definición de satisfacer su propia demanda agroalimentaria. Se trata de un sector agrícola donde la demanda es incidida más por la calidad del producto, y no simplemente por el precio. Para ello, proponemos la creación de un libro blanco de los recursos fitogenéticos de la Comunidad como primer paso de una política ambiciosa destinada a incrementar el porcentaje de tierra dedicada a este tipo de agricultura.

El aprovechamiento de montes es otro sector potencial para la Comunidad con mayor superficie arbórea de Europa. En lugar de tener a las cuadrillas de limpieza de Montes cobrando 800 € por jornadas agotadoras los tres meses de verano, mucho mejor haría la Junta de Castilla y León en vertebrar un cuerpo público de bomberos forestales para proteger el monte mediante tareas preventivas de incendios durante todo el año. El monte puede generar recursos económicos muy interesantes, como los sistemas de calefacción de astillas y de pellet, la biomasa, la industria resinera, la piña, la silvicultura, la apicultura, la trufa negra, etcétera. En cuanto a la enseñanza del español, se trata de un sector que nos permitiría crear muchos puestos de trabajo cualificados a un ritmo rápido, tratándose de un sector creciente a nivel global, ante el cual llevamos años una patética competición entre las ciudades principales de la Comunidad en lugar de una cooperación para aprovechar nuestra posición como puente natural entre los países asiáticos y el mundo iberoamericano. En este aspecto, el turismo idiomático puede ponerse en relación con los importantes recursos de turismo activo y cultural de los que disponemos. Éstos son sólo algunos de los aspectos que podemos desarrollar, hay muchos más. Los dos sectores que hemos definido en primer lugar, permiten definir un desarrollo rural relacionado con la pequeña industria. Ese programa económico debe ir acompañado por una ordenación del territorio que tenga como objetivo dar servicios en todas las comarcas de la Comunidad, y no cumplir con el expediente al que obliga el reparto de competencias. Y, lógicamente, una inversión de este tipo pasa por una reforma fiscal progresiva.

Mientras tanto, el Gobierno de Castilla y León apuesta por viejas soluciones a viejos problemas, que los perpetúan. Quienes sí están realizando una defensa decidida del futuro de Castilla y León son, en cambio, los trabajadores de nuestra Comunidad. Si el pasado verano eran los trabajadores de Itevelesa quienes nos daban una inmensa lección de dignidad y compromiso, ahora es la plantilla de Grupo TRAGSA de Castilla y León la que se ha constituido en vanguardia de la defensa de los derechos laborales y de una empresa pública propiedad de todos los españoles y españolas. La vuelta del conflicto obrero es el único camino para que pueda materializarse una transformación de la sociedad. Un ilustre soriano, Marcelino Camacho, nos enseñó que no es posible conseguir mejoras sociales sin la movilización de los trabajadores. Por eso, la labor de los parlamentarios no puede ser únicamente la defensa en la Cámara de las propuestas como las que he esbozado en este texto, sino sobre todo la potenciación de los colectivos que están articulando una noble y sacrificada lucha por un futuro para la Comunidad.