Izquierda Unida denuncia la privatización de los montes de Utilidad Pública de Salamanca
La Junta privatiza de facto las licencias de recogida micológica en nuestros montes y en los del resto de Castilla y León, al entregar la gestión, y sus beneficios, de las liencias a una fundación privada. Lo que más nos sorprende es que dicha fundación ha reconocido su incapacidad de cumplir los compromisos adquiridos con los diferentes municipios a los que presta dichos servicios.
Desde Izquierda Unida en la provincia de Salamanca estamos convencidos de que la excusa del “aprovechamiento micológico” dentro del proyecto MICOCYL, promovida e impulsada por la Junta de Castilla y León, diputaciones y entidades propietarias de los montes regulados, pero cuya “entidad gestora” es la fundación privada CESEFOR, es una forma encubierta de privatizar los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca, al igual que le está sucediendo a miles de hectáreas en toda Castilla y León.
Castilla y León cuenta con más de 400.000 hectáreas de montes de Utilidad Pública que actualmente están bajo la “gestión” de una fundación privada, lo que nos hace cuestionarnos que esta “regulación” sea acorde a la legalidad en materia forestal y medioambiental, pero principalmente lo que supone es una contradicción que mediante financiación pública se potencie como gestor a una entidad privada cuyos intereses no coinciden con el interés público ni por consiguiente con el de los habitantes de Salamanca.
En todo este proceso de privatización cabe destacar la expedición de las licencias de recolección micologica, unas tasas económicas que, a pesar de abonarse en dependencias municipales tienen una repercusión prácticamente nula en las arcas municipales de los ayuntamientos afectados.
Por todo ello puntualizamos:
1º No es ético ni lógico cobrar por la obtención de un recurso alimenticio natural que no requiere modificación alguna para su consumo y se encuentra en monte de utilidad pública, si el uso que se va a dar es el de consumo propio y no la comercialización.
2º La Fundación Privada CESEFOR ha reconocido en reuniones mantenidas en municipios afectados que es incapaz, con los medios de los que dispone, de cumplir los compromisos que adquiere con los municipios integrados en el programa MICOCYL.
3º Esta medida solo supone para los ciudadanos pagar por recolectar, ni tan siquiera protege de una forma eficaz hacia las malas prácticas de recolección o la economía sumergida.
4º Los ingresos por esta regulación no suponen ninguna aportación económica sustancial para las arcas municipales, a pesar de que si supondrán ingresos económicos para la Fundación privada CESEFOR.
5º La supuesta regulación ejecutada por la Fundación CESEFOR recaerá finalmente en el SEPRONA y los Agentes Medioambientales de la Junta, los cuales realizan su trabajo al margen de cualquier acuerdo con la citada Fundación Privada. CESEFOR, en el año 2013, tan solo contaba con 4 agentes de campo para “vigilar” toda la provincia de Salamanca.
6º Esta medida se ha ejecutado a espaldas de la ciudadanía, sin buscar su consenso ni aprobación y consideramos que motivada por intereses especulativos que se alejan del interés general de la población.
