Expropiación forzosa con carácter de urgencia de 14 lotes de tierras en Retortillo para la instalación de la mina de uranio y de la planta de beneficio

Recordamos que Izquierda Unida-Equo en las cortes de Castilla y León, a través de nuestro procurador: José Sarrión Andaluz, ha realizado una inmensa cantidad de iniciativas parlamentarias en torno a la cuestión de la mina de Retortillo; la primera proposición no de ley registrada, en julio de 2015,fue la petición de redacción de una nueva declaración de impacto ambiental, teniendo en cuenta que la que aprobó la Junta de Castilla y León, obviaba el hecho de que hubiera residuos radioactivos, ya que se habia redactado pensando en el primer proyecto,el cual no contaba con planta de beneficio.  Proposición que fue apoyada por la totalidad de los grupos políticos en las cortes exceptuando el Partido Popular, por tanto hubo un empate técnico de la misma.

También se han registrado más de 15 preguntas con respuesta escrita en torno a la construcción de la mina de Retortillo, trasladando éste tema a Bruselas, al Parlamento Europeo, a través de la diputada de Izquierda Unida Marina Albiol; gracias a la cual hemos sabido que la multinacional Berkley se niega a hacer público el proyecto que tiene registrado la Unión Europea, y cuando se ha  solicitado información sobre el mismo en la Unión Europea, se nos ha contestado que se negaban a hacerlo público desde la propia multinacional.

Se ha preguntado al propio presidente Herrera en la primavera de 2017, acerca de porqué el apoyo irredento de la junta de Castilla y León a este proyecto, que va a hipotecar la zona de agricultura y ganadería a cambio de 10 años de explotación, algo que nos parece completamente absurdo

Hemos tenido también elementos como la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente que en 2016 compareció a petición de José Sarrión, en las cortes de Castilla y León.

Se han realizado también tres preguntas al gobierno en sesión plenaria,como la que tendrá lugar mañana, por parte de nuestro procurador en Cortes, así como se han registrado alegaciones contra ésta expropiación forzosa con carácter de urgencia

Esencialmente lo que nos preocupa es que la junta de Castilla y León, emita una expropiación forzosa con carácter de urgencia ante un proyecto que es imposible que abra a corto plazo, porque estamos hablando de un proyecto que se encuentra paralizado en tres instancias diferentes; primero está paralizado en el Ministerio de Energía que ha suspendido indefinidamente el permiso, desde enero de 2017 a espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncie sobre el tema, en segundo lugar la declaración de impacto ambiental se encuentra judicializada en la Audiencia Nacional en este momento, con lo cual es un proyecto que va a tardar, y en tercer lugar se encuentra paralizado por via administrativa en varios municipios de la zona.

Por lo tanto estamos ante un proyecto que sencillamente es imposible que abra a corto plazo y sin embargo la junta de Catilla y León emite una expropiación urgente,con lo cual la principal consecuencia es que una vez se realize la expropiación se puede empezar ya a deforestar y a hacer obras, antes de resolver los diferentes recursos y alegaciones.

Esto es algo que nos parece francamente sorprendente y que no comprendemos, como es posible que un proyecto que se encuentra paralizado en el Ministerio, en la Audiencia Nacional y en vía administrativa, es decir un proyecto que  no es urgente, ya que es inviable a corto plazo,y sin embargo la junta de Casilla y León realiza una expropiación forzosa por la via de urgencia.

Por lo tanto además de registrar las alegaciones en nombre de Izquierda Unida, exigimos explicaciones y sobre todo queremos saber porqué el Gobierno del Partido Popular está apostando con este dogmatismo y con esta fe ciega, en este proyecto empresarial,  y que a cambio de 10 años de explotación va a hipotecar la vida de la agricultura,  de la ganadería y del balneario de Retortillo.