Frente a la violencia patriarcal: igualdad radical
Hace ya mucho tiempo que desde Izquierda Unida venimos demandando un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero no el que se ha aprobado, que sólo ha sido una puesta en escena, con medidas que en demasiadas ocasiones son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y vigentes, sin compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permitan conocer su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto, que deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencia que realizan agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja con las mujeres violentadas.
La violencia de género es una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres, que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras. La violencia machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a parchear la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la sociedad.
Para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que engloben la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres es la expresión violenta más detectable. Frente a ello tenemos que manifestar con nitidez que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos poner freno de inmediato a todas y cada una de las formas en las que se expresa esa violencia.
No podemos consentir que en el siglo XXI existan esclavas con las que se trafca para el consumo sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas por precio, legitimando así la consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado.
La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor es la fórmula que tiene el Estado opresor para manifestar que nos sigue considerando ciudadanas de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral, condicionando nuestra autonomía económica para mantenernos subordinadas.
Las agresiones sexuales no sólo aumentan, sino que en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes en nuestras festas y otros acontecimientos masivos.
La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no lo olvidemos, mujeres pobres, no sólo tiene un signifcado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado pretende, cada vez con menos escrúpulos, mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y amparándose en la desigualdad.
Necesitamos una Ley contra la Violencia Machista, contra la Violencia Patriarcal, que no se limite a la violencia de género cometida en el ámbito doméstico y, de forma residual, a los delitos sexuales cometidos en el ámbito también público, sino que afronte de manera valiente todas las formas en que el patriarcado, el machismo, el sexismo y la misoginia se manifestan de forma, por desgracia, casi impune.
Necesitamos políticas transversales, contundencia y decisión política para aumentar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activa, integrales y participativas.
