La situación de la empresa sevillana de bioenergía Abengoa es un ejemplo paradigmático de cómo las consecuencias de esta mal llamada crisis siempre las sufren los trabajadores y trabajadoras que nada tuvieron que ver en la gestión nefasta, opaca y cortoplacista que solamente buscaba una maximización inmediata de beneficios a costa de una dinámica expansiva perpetua. La responsabilidad de dicha gestión recae directamente en su Consejo de Administración, con su presidente y consejero delegado Felipe Benjumea y Manuel Sánchez, los cuales serán indemnizados respectivamente con casi 11,5 millones de euros y 4,84 en una empresa que ha perdido el 50% de su valor, se encuentra inmersa en una difícil ampliación de capital, la cual solamente será posible con la intervención de los bancos, y además está al límite de entrar en un concurso de acreedores. A todo ello hemos de añadirle el reparto de 94 millones de euros en dividendos entre los accionistas en el pasado mes de Abril. Sin embargo, el balance de 2015 es de 194 millones en pérdidas.
Dicha empresa es la propietaria de las plantas de biomasa y el CFTS, Centro Tecnológico de Fermentación y Separación, de la localidad salmantina de Babilafuente, en las cuales trabajan casi cien personas. Estos trabajadores ven como la posibilidad del concurso de acreedores, la ampliación de capital, las deudas de este ejercicio y la antes mencionada pérdida de valor de la empresa dejan en el aire sus empleos, los cuales son por obra y servicio, y las nóminas de Diciembre. Esta situación de la empresa hace que la plantilla de ambas factorías de Babilafuente tema por sus puestos de trabajo, ya que la posibilidad del Concurso de Acreedores y la paralización de las fábricas justificarían, atendiendo a las leyes en vigor, el fin de sus contratos.
Estos cien empleos directos, a los cuales habría que sumar los indirectos en relación a las plantas, así como al comercio de cercanía de la zona, hostelería etcétera haría que la situación de empleo, recursos y falta de actividad económica en la provincia de Salamanca empeorasen significativamente, viniendo a aumentar una ya demasiado pesada e injusta losa para las clases trabajadoras de la provincia.
Desde IU Salamanca Ciudad planteamos que la actividad de las plantas y los puestos de trabajo de esas cien personas han de defenderse, mantenerse y protegerse desde las instituciones provinciales, autonómicas y nacionales. No hay lugar para que aún con las leyes en la mano, la situación de la empresa la sufran sus trabajadores, ya que los mismos siempre han cumplido con sus atribuciones y deberes laborales. Ni siquiera en el caso de que la empresa entrase en Concurso de Acreedores sería tolerable la paralización de las plantas, esto se debe a que el Estado intervino en su momento dando ayudas a Abengoa, así como a las entidades financieras cuando hubo que pagar la cuenta de su fiesta y fiebre inversora. De este modo, entendemos que si el dinero Público, dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, se ha empleado en rescatar a bancos y en financiar proyectos empresariales como el de Abengoa, se emplee de una vez en rescatar a las clases sociales que están sufriendo los peores efectos de una pesadilla que han generado sus empresarios y los banqueros con sus actuaciones.
IU Salamanca Ciudad.