Izquierda Unida de Castilla y León recuerda a los responsables de la Sanidad Privada que sus recursos son dependientes de la Pública en base al Decreto de Alerta Sanitaria del Gobierno
La coalición Izquierda Unida declara haber tenido conocimiento de movimientos en los hospitales privados de Salamanca y Burgos, y sospecha lo que pueda pasar en otras provincias, encaminados a presentar ERTES sobre sus plantillas. Desde la formación recuerdan que el Decreto del Gobierno por Alerta Sanitaria solamente posibilita los ERTES en casos muy determinados, siendo el Ministerio de Trabajo quien los habría de autorizar. Además, señalan, el propio Decreto pone a la Sanidad Privada del Estado a disposición, con todos sus recursos materiales, y Plantillas, de la Sanidad Pública para frenar el avance del Coronavirus.
El Área de Salud de Castilla y León, a través de su coportavoz, Francisco Javier Herrero Polo, denuncia conocimiento de varias entidades de la Sanidad privada encaminados a trasladarle al Estado, y a la Sanidad Pública el coste de la lucha contra la pandemia de Covid-19 que tiene a todo el país en situación de lucha a fin de superarla y mantener al gran conjunto de la población sana y rápidamente capaz de volver a sus vidas normales. Desde esta Área, luego de hablar con representantes de sindicatos, plataformas de la Sanidad Pública, así como de otras instituciones, denuncian que los hospitales Santísima Trinidad de Salamanca, y Grupo Recoletas de Burgos , habrían iniciado movimientos para presentar ERTE entre sus plantillas u otras figuras de despido a sus trabajadores.
Izquierda Unida de Castilla y León insistía en dos puntos fundamentales, y a su jucio insoslayables, del Decrteo de Alerta Sanitaria. La puesta a disposición, sin condiciones, del Sistema Sanitario Público de todos los recursos de la Sanidad Privada, así como las condiciones específicas para la aprobación de los ERTES excepcionales por causas de caída de la actividad o de cierre directo de los centros de trabajo.
Es por ello que, en palabras de Herrero Polo, “Toda forma de despido, cese, baja voluntaria o ERTE en las instituciones privadas de Sanidad, a mayores de ser una infamia ética, son ilegales. Le recordamos a estas empresas que su actividad no entra en ninguno de los supuestos que justifican uno de los ERTES a los que el Ministerio de Yolanda Díaz habrá de dar de paso posteriormente, si no todo lo contrario. Además, Salamanca y Burgos son las provincias con más contagios e ingresos hospitalarios por causa de esta pandemia, el Hospital Clínico está ampliando la disposición de camas hospitalarias, y el propio SACYL trata de acelerar los procesos para abrir en las próximas dos semanas el nuevo hospital de Salamanca. En estas condiciones, es perentorio, necesario y obligatorio, que la Sanidad Privada de Castilla y León, con más urgencia estas dos instituciones, ponga sus instalaciones y personal al Servicio de la Sanidad Pública, y que de no querer hacerlo, el Ministerio de Sanidad, con atribuciones de mando Sanitario Único, puede y debe obligar a estas empresas a continuar su labor bajo su dirección y la del resto de las autoridades sanitarias públicascompetentes en la materia.”
Desde Izquierda Unida Castilla y León concluyen, “No es el momento de tratar de trasladar facturas, costes de personal y material, a las instituciones públicas de las que se ha cobrado en estos largos años. Es el momento de poner todos los recursos a proteger las vidas y trabajos de nuestra población”
